El pasado mes de marzo, el Consejo de Poderes
Locales y Regionales del Consejo de Europa aprobó un informe en el
que analiza el estado de la democracia local y regional en España.
De forma habitual, el Consejo elabora este tipo de informes para cada uno de
los estados miembros, y este año su aprobación ha sido especialmente
oportuna al coincidir con el debate de la Ley de la Reforma Local.
Las aportaciones de Europa al debate se concretan en una serie
de valiosas recomendaciones, todas ellas elaboradas en la distancia
que separa Europa del apremio de nuestros municipios, y concebidas bajo la
perspectiva general que tiene de las administraciones locales europeas.
Algunas de estas recomendaciones han sido erróneamente
obviadas por los legisladores españoles, y configuran, a escasos días de la
entrada en vigor de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, una incipiente hoja de ruta para el futuro de los
municipios.
Si bien es verdad que el informe admite que España
cumple, en general, con las obligaciones que adoptó en 1988 con la firma de la
Carta Europea de Autonomía Local, reconoce también las graves deficiencias que
la reciente reforma no ha considerado suficientemente.
Una de ellas es la falta de precisión en la
distribución de competencias y responsabilidades entre los
diferentes niveles de administraciones públicas. Europa insiste en este
particular déficit nuestro y reitera la idea de que el solapamiento
competencial es causa evidente de pérdida de recursos económicos y de
ineficacia en la prestación de servicios. Para evitarlo propone dos
caminos: clarificar de una vez por todas el mapa competencial de las
administraciones públicas y transferir los recursos financieros disponibles de
conformidad con dicho mapa. El informe reitera especialmente la necesidad de
que cada transferencia de poderes a las autoridades locales esté acompañada por
los recursos financieros necesarios. A la consigna que inspira la ley “una
competencia, una administración”, le faltaría, por tanto, una tercera parte sustancial: “una
competencia, una administración y una fuente de financiación”.
El Consejo también incide en la necesidad de corregir la falta
de autonomía fiscal de los municipios. En España las autoridades
locales dependen excesivamente de las transferencias estatales y regionales, y
es aconsejable crear condiciones y políticas adecuadas para que la principal
forma de ingresos de los municipios provenga de sus propios recursos y no tanto
de las transferencias externas; una recomendación que resulta igualmente
extensible a otros niveles de la administración española.
De especial relevancia resulta la llamada de atención de
Europa a las dificultades de gestión que tienen los pequeños
municipios en nuestro país, así como a la falta de procedimientos que
permitan corregir la distribución desigual de los recursos financieros entre
municipios grandes y pequeños, ricos y pobres. Europa recomienda sin tapujos la
transferencia de recursos entre administraciones respondiendo a este criterio, y quienes llevamos años, desde la periferia de la administración local,
reclamando mecanismos de compensación financiera como los que solicita Europa,
aplaudimos fervientemente esta consideración.
Por último, algunas recomendaciones de Europa van encaminadas a intensificar la democracia local en España, por ejemplo, al considerar que la distribución de competencias debe llevarse a cabo de
conformidad con el principio de subsidiaridad; que debemos
establecer diálogo con las comunidades teniendo en cuenta las
características institucionales e históricas de algunas de ellas; y que, en
caso de fusión de municipios, debería celebrarse un adecuado proceso de consulta
ciudadana, debidamente organizada.
La primera reacción ante la lectura de este informe es de
asombro. Acabamos de aprobar una nueva ley de reforma local y ya parece que
estamos, de nuevo, estancados.
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